Estimad@s compañer@s,
Asistimos horrorizad@s a la modificación de la enseñanza y las graves consecuencias y retroceso que esto traerá.
Es la educación de nuestros hij@s la que está en juego, con la que están mercadeando y la que va hacer que el "tanto tienes, tanto vales" vuelva a estar vigente.
Esta ley lleva a la segregación, la desigualdad de clases y genéros, el empobrecimiento de la enseñanza, el elitismo y la perdida de derechos, no sólo sobre el alumnado, también sobre los profesores.
Profesores que ven con muchisima preocupación como van a perder las herramientas que tenían para ejercer su profesión y para mantener su puesto de trabajo, que ahora va a ser evaluado por empresas externas. ¿Y quien evalúa a esas empresas externas?
Profesores que se van a ver sometidos a los caprichos de los directores (ojo, directores, que no directoras) que adquieren las comptencias de un consejo escolar que desaparece....
Por estas y más cosas, os invitamos a que veais este video y leais el posterior artículo. En ambos se explica de forma clara que supone la implantación de una ley que nos devuelve al franquismo puro y duro. Es la educación de nuestr@s hij@s y niet@s.
NO A LA LEY WERT
Fuente video YOUTUBE
Ley Wert – La educación pública retrocede 30 años
LEY WERT | LEGALIZA LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LOS CENTROS SEGREGADOS
La educación pública retrocede 30 años- (Ver noticia)
El Consejo de Ministros aprueba un cambio de modelo educativo sin consultar a la comunidad educativa.
Los centros públicos competirán entre sí en un ranking de resultados y los directores se convertirán en gestores orientados a la rentabilidad.
Los centros públicos competirán entre sí en un ranking de resultados y los directores se convertirán en gestores orientados a la rentabilidad.
Tomás Muñoz (Redacción) – Lunes 10 de octubre de 2012. Número 182
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se
presentó el nuevo anteproyecto de ley educativa, las únicas preguntas
dirigidas por los periodistas al ministro de Educación, José Ignacio
Wert, trataron sobre la recentralización que supone que el ministerio
pase a decidir del 55% al 65% del contenido curricular en detrimento de
las consejerías autonómicas de educación, además de una pregunta
cuestionando la legalidad del traslado forzoso de docentes. Ninguno de los periodistas le planteó al ministro si había consultado a la comunidad educativa su proyecto de reforma.
“Llevamos años oyendo que no se pueden cambiar leyes educativas sin
llegar a consensos y [Wert] la ha sacado absolutamente solo sin contar
con padres, profesores ni nadie de la comunidad educativa”, afirma
indignada Cecilia Salazar, de Ciudadanos por la Educación Pública. A José Luis Pazos, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Giner de los Ríos, de Madrid, le llama la atención que una
reforma que se plantea “en supuesto beneficio de los alumnos y las
familias, se haga sin tener en cuenta ni la opinión de los alumnos ni la
de las familias”.
Contrarreforma ideológica
El ministro Wert aseguró que su reforma no era ideológica, aunque no
explicó de forma convincente por qué. En la comunidad educativa hay un
amplio consenso en sentido contrario. Para Enrique Díez, coordinador
federal del área de educación de Izquierda Unida, “está fuera de duda
que desde sus prejuicios ideológicos han establecido sus pautas
aplicables a la educación, y su modelo está muy claro: es un
modelo para que los ricos puedan llegar a los puestos más altos, que
serán los másters y los doctorados; los grados para la clase intermedia
técnica y el resto en una precariedad permanente en un mercado laboral
en permanente rotación”.
Guillermo Valenzuela, profesor interino que participa en la Marea Verde de Aragón, también cree que es una reforma ideológica porque “profundiza en la supeditación de la educación al mercado laboral. El
proceso educativo se diseña en función de las necesidades que tiene el
mercado laboral y se concibe que los estudiantes son solamente futura
mano de obra. La educación no tiene un sentido por sí mismo”.
Cecilia Salazar añade que “la segregación muy temprana de alumnos lo que
propiciará es que pocos alumnos lleguen a bachillerato y sean desviados
hacia un mercado laboral de mano de obra muy barata”.
Tres vías de segregación
La primera segregación se producirá con los llamados “programas de
mejora del aprendizaje y el rendimiento”, en 2º y 3º de la ESO, en los
que se agruparán alumnos con dificultades que recibirán contenidos
devaluados. La segunda segregación llegará al terminar 3º de ESO. Un
segmento del alumnado, el que más dificultades arrastre, será desviado a
un curso puente que impedirá el reenganche al bachillerato. Estos
ciclos de Formación Profesional Básica sustituirán a los actuales
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Cecilia Salazar
explica que “los PCPI estaban pensados para alumnos de más de 16 años
que iban a dejar el centro; era un intento para reenganchar de alguna
forma y que pasasen a Formación Profesional de Grado Medio”. Sin
embargo, “en la ley Wert se convierte en una salida, es decir, tiran
directamente un alumno a la basura. Esto que antes era un ‘recoger’,
ahora es una salida que no va a ningún lado, porque no hay titulación de
ESO para este itinerario”. Enrique Díez va un poco más lejos y cree que
“no sólo es para que salga mano de obra barata, sino para que salga cuanto antes”.
En el texto del anteproyecto se puede leer que ‘se animará a estos
programas a los que tengan una situación socioeconómica desfavorable’.
Para Díez, “equipara la pobreza con la poca capacidad para el estudio”.
La tercera vía de segregación se hace a través de asignaturas
optativas para que en 4º de la ESO los itinerarios para FP y para el
bachillerato estén bien diferenciados. Para Enrique Díez, “la
consecuencia es que deriva a la población escolar con más dificultades o
menos recursos hacia la FP de grado medio o hacia el mercado laboral.
Por tanto, convierte a la FP en una vía de segunda categoría. Cuanto
antes se segrega, más se atenta contra la igualdad de oportunidades”.
Una de las razones esgrimidas por el ministro para implantar la
segregación en itinerarios ha sido la mejora de los datos de fracaso
escolar. El catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la
Universidad de Cádiz, J. Félix Angulo, en un informe difundido por Soy Pública, explica que “dicha división en itinerarios pretende segregar disfrazando de esta manera el fracaso escolar”.
Para el catedrático, el fracaso escolar es un problema de clase social,
ya que la proporción entre hijos de trabajadores del sector servicios
(profesionales y gerentes) e hijos de trabajadores sin cualificación es
significativa: con respecto al acceso al bachillerato, por cada 2,7
alumnos del primer grupo llega 1 del grupo de trabajadores no
cualificados, en FP la proporción es de 0,4 por cada 1; en cuanto a
abandono de los estudios tras la secundaria es de 0,5 por cada 1 y el
ratio de alumnos que abandonan la secundaria es de 0,12 –de la
descendencia del primer grupo– por cada uno del grupo segundo.
La segregación viene acompañada de una nueva FP, con formación dual,
una parte en la empresa y otra en el centro educativo, copiando el
modelo alemán. No obstante, y como apunta Cecilia Salazar, “aquí no
existe un tejido empresarial que pueda absorber eso y dar una formación
efectiva al alumnado. En grandes empresas puede que sí, pero aquí lo que
hay fundamentalmente son pymes que no pueden absorber a todas estas
personas, por lo cual no tiene el menor sentido fuera de que se realiza
trabajo gratis”.
El anteproyecto planteado por Wert introduce tres
exámenes-reválida al término de cada etapa educativa (6º de primaria, 4º
ESO y 2º Bachillerato), que serán realizados de forma externalizada, no
por los profesores del centro. Para el catedrático J. Félix
Angulo “no son pruebas de diagnóstico, sino que abren o cierran la
posibilidad de continuar estudiando o bien marcan (como en primaria) al
alumnado para el resto de su escolaridad, clasificándolo”. Guillermo
Valenzuela indica que es profundizar “en la línea pedagógica que incide
en la importancia del examen y de la evaluación. Todo el proceso educativo tendría como fin último poder pasar esas pruebas.
Es un sistema de evaluación doblemente reduccionista. Hay muchas
maneras distintas de evaluar un proceso de aprendizaje, y nosotros
criticamos que la única manera de evaluar sea esa”.
Enrique Díez cree que esto muestra que la educación se concibe “no
como algo que te sirva para desarrollarte, sino como un campo permanente
de obstáculos, un suplicio permanente como si esto fuera un vía
crucis”. Además, sostiene que el “modelo busca someter los centros
educativos a las exigencias del mercado, especialmente a la
competitividad, y por eso establece esas pruebas externas a nivel
nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus
resultados, con el fin de que los ‘clientes’ puedan comparar y elegir el
centro que más ventajas competitivas les aporte a sus hijos e hijas en
el futuro mercado laboral”.
Cecilia Salazar cree que aquí se pueden dar las mismas consecuencias
que se han dado en países que han implantado este sistema. “Lo que ha sucedido es que se ha establecido un ránking en función del cual depende la dotación económica del centro.
Esto puede implicar que los centros que tienen más problemas cada vez
tengan menos dinero, por lo que cada vez irán peor”. Cecilia cree que si
la dotación de un centro depende de las notas de los alumnos en esta
evaluación externa, “los profesores no vamos a tener más remedio que
dedicarnos a enseñar exclusivamente cómo se aprueba, porque la dotación
depende de ello. La reflexión crítica, la creatividad, se va a acabar
porque nos vamos a dedicar a hacer pruebas tipo test para que cuando los
alumnos se enfrenten al examen puedan pasarlo”.
En este nuevo escenario competitivo, Enrique Díez cree que las
escuelas se van a hacer más selectivas y van a rechazar al alumnado que
presenta mayores dificultades porque les puede hacer descender la
posición en el ránking. “Esto tiene que ver con que se instaura
el pago por resultados, propio del mundo empresarial”, apunta. La
reforma acaba con la selectividad y cada universidad podrá elegir, si
quiere, sus pruebas de acceso, como se hace en el mundo anglosajón.
Sin democracia escolar
Otra de las novedades que introduce el anteproyecto es el refuerzo
del poder del director, nombrado por la administración y al que se le
exigirá un perfil de gestor acreditado con titulaciones específicas.
El informe de J. Félix Angulo alerta sobre la supuesta autonomía de los
centros que esto supone: “Se convertirá, a través del control que el
Gobierno pueda ejercer por las reválidas que implante, en una autonomía
cautiva, que lleva a una especie de privatización encubierta de la
escolaridad”. A Jesús Sánchez, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA),
le parece “sangrante la pérdida de capacidad de decisión de los
consejos escolares, en cada centro se le relega a un papel consultivo
sin carácter vinculante, lo que nos parece una tomadura de pelo”. En los
consejos escolares se sientan padres y madres, alumnos y docentes, y
actualmente tienen capacidad de decisión sobre algunos aspectos del
centro. Otro padre que participa en la vida activa del instituto de su
hijo, José Luis Pazos, cree que “el ministerio plantea esto porque
entiende que la democracia la tienen que ejercer solamente unas cuantas
personas”. Los profesores también alertan sobre esta medida. Guillermo
Valenzuela cree que generan un modelo de educación “muy autoritario,
concentrándose la gestión del centro en el director, que pasa a tener
más poder”. Guillermo cree que se va a dejar “muy poca autonomía para
los profesores, que tendrán menos capacidad para decidir lo que van a
impartir y cómo van a evaluar”. Además, tiene sus reservas con que los directores puedan elegir a los interinos, “en nuestro sistema no es más que inducir al enchufismo y a la corrupción”.
Para Cecilia Salazar es una falta de democracia absoluta. “Ahora en Madrid tenemos el problema de los profesores irlandeses contratados de forma ilegal
por la comunidad, pero con la Ley Wert sería legal; hasta hoy en los
centros públicos se hace con un baremo, de forma trasparente… Si el
director gestiona esto, se saltan muchos derechos al mismo tiempo”.
Enrique Díez cree que va a suponer “la profesionalización de la
dirección escolar como si fueran gerentes: lo que van es a gestionar los centros públicos con rentabilidad económica, y no con rentabilidad social”.
A este cambio de modelo hay que añadirle la degradación que los
centros ya han sufrido con los recortes presupuestarios. Díez asegura
que “lo que pretenden es convertir la educación en un negocio. Los datos
de la Unesco dicen que se mueve en el mundo de la educación dos
billones de dólares anualmente. Ahora el capitalismo ha conquistado toda
la geografía, y la última frontera que les queda son los servicios
públicos”. José Luis Pazos cree que la reforma pone la puntilla a las
agresiones presupuestarias. “Se quiere desmantelar gran parte de los
avances que la educación pública ha conseguido en las últimas tres o
cuatro décadas”.
Fuente BIOSEGURA
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