Los recortes del Gobierno y la envergadura de la crisis han encendido todas las alarmas en Naciones Unidas. El último informe del Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU, remitido el pasado junio al Ejecutivo, critica sin ambages los ajustes aprobados en los últimos meses que, denuncia, «perjudican de forma desproporcionada» a los más desfavorecidos. El informe reprocha al Gobierno buena parte de las medidas adoptadas en los últimos meses y, en particular, los recortes en sanidad, educación, planes de empleo y pensiones.
El estudio, que es anterior al último paquete de recortes (reducción de las ayudas a la dependencia y prestaciones de desempleo, amén de la subida del IVA)es muy pesimista. La inquietud de la ONU ya no se centra -como antaño- en inmigrantes, presos o mujeres maltratadas, sino en buena parte de la población general.
El comité asegura estar «preocupado» por la «reducción de los niveles de protección» provocada por «las medidas de austeridad». Recortes que -asegura- castigan en demasía a los grupos desfavorecidos y a los marginados, entre los que cita a mujeres, niños, personas con discapacidad, «los adultos y los jóvenes desempleados», las personas mayores, los gitanos, los inmigrantes y los solicitantes de asilo.
La ONU muestra especial inquietud por los altos niveles de paro que están provocando las reformas. Afirma que el actual contexto de crisis hace todavía más preocupante «el continuo incremento de las tasas de desempleo y del desempleo de larga duración». El comité, ante esta perspectiva, hace un llamamiento al Gobierno para que «evite cualquier retroceso» en la «protección de los derechos laborales de los trabajadores» y reclama que «la formación profesional de calidad siga siendo prioritaria», especialmente en los casos de desempleo de larga duración.
Alarmas encendidas también por el deterioro de las condiciones de los que sí tienen trabajo. El análisis señala tajante que el salario mínimo interprofesional (SMI), que recuerda que lleva congelado desde el año 2011, ahora tiene «un valor que no permite un nivel de vida digno». Y lo mismo con las pensiones: «el comité constata con preocupación que las pensiones son, en muchos casos, inferiores al nivel de subsistencia mínimo, lo que pone a sus beneficiarios en riesgo de pobreza». El documento denuncia particularmente la coyuntura de «las mujeres que reciben las pensiones de viudedad más bajas».
Pobreza
Según la ONU, los recortes y la intensificación de la crisis han provocado un incremento «considerable» del índice de personas en riesgo de pobreza en España, hasta el punto de que el 21,8% de la población vive ya por debajo de ese umbral. Un capítulo en el que destaca su especial inquietud por los niños.
Una situación que se hace aún más delicada porque, añade, «las prestaciones económicas a las familias han sido severamente restringidas o incluso, eliminadas, como en el caso de la prestación económica de pago único por nacimiento».
Naciones Unidas denuncia igualmente «la situación de los individuos y de las familias que se encuentran abrumados por los costes de la vivienda tras haber accedido a hipotecas de larga duración». La crisis ha ocasionado que «muchos hayan sido desalojados de sus viviendas» y que otros estén en «alto riesgo de perderla».
El Gobierno no ha hecho público oficialmente este informe a pesar de que la ONU, cuando se lo remitió el pasado 6 de junio, le solicitó que le diera «amplia difusión a las observaciones en todos los niveles de la sociedad».
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